“Lo más relevante es iniciar las investigaciones; no nos conformaremos con menos”: Mujeres sobrevivientes de tortura sexual en Atenco

CIUDAD DE MÉXICO (24 enero 2019).- La reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México representa el triunfo de la dignidad y la verdad frente a un Estado que las denostó y les negó la justicia, señalaron hoy las sobrevivientes del hecho y las organizaciones acompañantes, Cejil y el Centro Prodh.

“Nos tacharon de revoltosas, de mentirosas y fuimos discriminadas”, recordó Cristina Sánchez. “Es sumamente relevante que estas once valientes mujeres hayan logrado sentar al Estado en el banquillo de una corte internacional y que éste les diera la razón”, afirmaron las organizaciones acompañantes. “Esto demuestra que ellas siempre dijeron la verdad”.

La resolución, que llega después de 12 años de sucedidos los hechos y luego de más de 10 años de litigio ante el Sistema Interamericano, considera al Estado mexicano responsable por la violación a los derechos a la integridad personal, a la vida privada y la prohibición de tortura; el derecho de reunión; el derecho a la libertad personal y el derecho a la defensa; los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial; y el derecho a la integridad personal de los familiares de las once mujeres denunciantes, y dicta una serie de medidas reparatorias.

“La sentencia es muy importante para crear las condiciones de no repetición y que disminuyan las posibilidades de que alguien más pase por esto”, consideró Claudia Hernández. “Es un beneficio no sólo para nosotras”, complementó Gabriela Suhelen Cuevas.

El nuevo Gobierno federal ha mostrado su beneplácito ante la sentencia; en ese sentido, consideraron las representantes legales de las mujeres, es necesario que para la materialización de su cumplimiento se preste especial atención a la realización de una investigación de los hechos que considere todos los niveles de responsabilidad y a que se realicen las reformas necesarias para que se evite el uso político de las policías contra el derecho a la manifestación y a la libre expresión.

“Buscamos el cumplimiento cabal de la sentencia, pero la más relevante es iniciar las investigaciones amplias y minuciosas para juzgar y sancionar a los responsables y sus superiores por tortura, tortura sexual y violación. No nos conformaremos con menos que esto”, advirtió Bárbara Italia Méndez.

La sentencia contiene recomendaciones clave para la agenda estructural sobre derechos humanos que deben expresarse en políticas públicas. Una de ellas es la relativa a los controles externos sobre la actuación de los cuerpos policiales. “Mientras en el Congreso se discute sobre la Guardia Nacional y la militarización, esta sentencia reafirma la importancia de democratizar a los cuerpos civiles de seguridad y de seguir para ello los estándares internacionales”, afirmó el Centro Prodh.

Por su parte, Cejil remarcó que esta sentencia se suma a otras que advierten que se trata de un problema estructural y consideró que “van a ser importantes los estándares que de aquí se van a llevar a otros casos”.

La Corte IDH también ordena institucionalizar el mecanismo de la Segob para documentar e investigar casos de tortura sexual –lo que representaría una oportunidad de verdad y justicia para decenas de mujeres sobrevivientes de esta generalizada violación a los derechos humanos- y la emisión de un marco jurídico para regular el uso de la fuerza con apego a los estándares internacionales.

“Parecía inmenso el mensaje de terror y el daño que sembraron, pero de ese tamaño también fue la inmensa solidaridad que se levantó para exigir justicia. Hoy es necesario seguir denunciando la tortura sexual”, señaló Norma Jiménez.

“El actual gobierno heredó un sistema de justicia devastado y una impunidad rampante que alcanza al 99% de los delitos denunciados. En ese sentido, el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana es una oportunidad invaluable para señalar que se está siguiendo un camino diferente al de los anteriores sexenios”, consideraron las organizaciones.