Trabajadores de la COMAR denuncian violaciones a sus derechos laborales

CIUDAD DE MEXICO (28 de julio 2025). — Trabajadores de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), denunciaron públicamente una serie de violaciones a sus derechos laborales, las cuales calificaron como tratos crueles, inhumanos y degradantes. Las acusaciones están dirigidas contra la Coordinadora General, Xadeni Méndez Márquez, a quien señalan como responsable directa del deterioro de las condiciones laborales en la institución.

Entre las irregularidades denunciadas se encuentran retrasos en el pago de salarios, contratos con vigencia mensual y horarios «abiertos», jornadas laborales en días inhábiles sin remuneración adicional, y despidos masivos e injustificados sin previo aviso. A esto se suma la precarización generalizada que, según el personal, ha provocado afectaciones en su salud física y mental.

Los trabajadores también alertaron sobre contrataciones sin procesos públicos ni transparentes, lo que ha generado sospechas de nepotismo y favoritismo, además de debilitamiento institucional. En particular, cuestionaron el nombramiento de ex funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), como Yadira de los Santos Robledo y Henia Prado Hernández, quienes según los denunciantes acusan de abuso laboral y corrupción.

Asimismo, denunciaron actos de intimidación y abuso psicológico, presuntamente encabezados por Juan Luis Corrales Ramos, actual funcionario de la Dirección de Administración y Finanzas, a quien acusan de amenazas y represalias contra trabajadores que decidieron alzar la voz.

Ante esta situación, el personal emitió un pliego de exigencias que incluye:

• Pago de salarios antes del 31 de julio

• Contratos con vigencia mínima de seis meses

• Respeto a la jornada laboral de 8 horas de lunes a viernes

• Cese inmediato al hostigamiento laboral

• Procesos de despido transparentes y con derecho a réplica

También solicitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) iniciar una queja de oficio, ante lo que consideran una situación que vulnera derechos fundamentales como la dignidad, la integridad y el trato igualitario en el trabajo.

Finalmente, los trabajadores advirtieron que, de no cumplirse sus demandas antes del 1 de agosto, suspenderán actividades en todas las oficinas de representación del país.

“Seguimos defendiendo los derechos de las personas refugiadas, pero nadie defiende los nuestros. No permitamos que esta violencia institucional vuelva a cobrar una vida” concluyeron.