Estado de México
Acusan a Alejandra Del Moral de fraude durante etapa como alcaldesa
ESTADO DE MEXICO (12 MAYO 2023). – Denuncias interpuestas por vecinos de Hacienda Balboa y Quinta Montecarlo revelan que en el municipio de Cuautitlán Izcalli la empresa Urbi construyó desde 2006 dos fraccionamientos que serían la primera fase de urbanización en esa zona, pero todo fue un fraude.
De acuerdo con información del portal SinEmbargo.com, en la zona operó una especie de “Cártel Inmobiliario” con la complicidad de los expresidentes municipales Alfredo Durán Reveles (PAN), David Ulises Guzmán Palma (PAN) y Alejandra del Moral (PRI).
En la información recabada por el medio aseguran que los vecinos acusan a
Paulina Alejandra del Moral Vela, pues siendo Alcaldesa de Cuautitlán Izcalli (2009-2012), cometió un presunto fraude por más de 115 millones de pesos mediante la simulación en la compra-venta de 1,049 casas a la empresa Promoción y Desarrollos Urbi.
Esta compra venta habría sido además dejada inconclusa en cuestión de las obras y aún así, les vendió a sobreprecio pues las viviendas, que se vendieron entre 1.7 y 2.5 millones de pesos, fueron entregadas con vicios ocultos, y debido a que no existe el acta de término de obra, el municipio no les brinda servicios como bacheo y poda de árboles.
Entre los nombres que se destacan en dichas denuncias se pueden leer los de el expresidente Enrique Peña Nieto, el Senador Eruviel Ávila y Alejandra del Moral, candidata de la coalición Va por México.
SinEmbargo.com asegura en su investigación que: «El caso de presunta corrupción inmobiliaria en Cuautitlán Izcalli, uno de los municipios incluidos en las dos demandas, comenzó el 10 de mayo de 2006 cuando se publica en la Gaceta del Estado de México la autorización del Conjunto Urbano Urbi Hacienda Balboa para la compra y venta de créditos de 1,049 casas que valían alrededor de 2 millones de pesos cada una».
Además: «La construcción de los fraccionamientos Hacienda Balboa y Quinta Montecarlo no corrió a cargo sólo de Urbi, intervino principalmente el Estado a través de Sociedad Hipotecaria Federal, la entidad financiera que liberó dos fianzas (dinero público) para la realización de estos proyectos que fueron entregados sin estructura hidráulica, contratos de luz, ni otras obras de urbanización, requisitos que debían cumplirse de acuerdo con los contratos de compra-venta».
Hasta el momento ninguno de los involucrados ha ofrecido respuestas concretas ni ha desmentido ni asegurado los hechos y las demandas que han afectado por años a miles de habitantes de la zona, además que ni alcaldes posteriores a los responsables han retomado el caso.