Crecen penas para personas que difundan imágenes de gente sin vida

ESTADO DE MÉXICO (24 OCTUBRE 2023). – Este martes, fueron aprobadas reformas al Código Penal del Estado de México que impactan de manera directa la conocida Ley Ingrid, misma que busca castigar a las personas que difundan imágenes de cadáveres humanos, además, se aprobó la Ley Ocaña.

La legislatura mexiquense, mediante sus redes sociales mencionó que: «Se establecen sanciones de hasta 12 años de prisión en contra de quien participe en la difusión de imágenes de cadáveres de personas, reforma conocida como Ley Ingrid».

Esta ley, así como la propuesta Ley Ocaña, buscan reducir la exposición mediática de las víctimas y evitar que de todo tipo de materiales en los que se muestre o denigre a las víctimas de homicidio o feminicidio no llegue al ojo público, como pasó en los casos de Ingrid Escamilla y Octavio Ocaña.

«La dignidad, el honor y la intimidad de la víctima, así como la seguridad, paz y privacidad de los familiares, se ha visto menoscaba los últimos años porque se revictimiza y expone el estado final de quienes pierden la vida. Los ejemplos son diversos de imágenes tomadas por personas de servicios periciales», mencionó la diputada María Luisa Mendoza.

Tras hacer un minuto de silencio en memoria de víctimas, Gerardo Ulloa Pérez, presidente de la comisión destacó que los ajustes que tendrán estas reformas harán más claras las medidas de dichas leyes.

¿Qué otras medidas se consideran?

Las persona que realicen actos de difusión, entrega, publicación, transmisión, videograbación, reproducción, exposición, filmación, fotografía, comparta u oferte e intercambie imágenes relacionadas con cadáveres de personas, recibirá penas en prisión, así como la reparación integral del daño.

Además, si en el delito participan servidoras públicas de salud, protección civil, seguridad pública, procuración y administración de justicia o cualquier otro inherente a la cadena de justicia “se le impondrán de tres a siete años de prisión y si el sujeto pasivo de este hecho son mujeres, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad, la pena se incrementará hasta una mitad, por lo que podrían alcanzar sanciones de hasta 12 años de prisión”.