Proponen indemnizar daños causados por baches en Edoméx

ESTADO DE MÉXICO (5 DICIEMBRE 2024).- El Grupo Parlamentario del

PRI propuso en el Congreso una iniciativa para garantizar que el Estado y los Municipios paguen los daños ocasionados en los vehículos a causa del mal estado de las vialidades.

Al presentar la propuesta ante el pleno, el diputado Alejandro Castro, explicó que tanto la Constitución mexicana como la estatal establecen la responsabilidad patrimonial del Estado y obligan a los entes públicos a reparar los daños que se deriven de su actividad administrativa irregular.

Precisó que a la fecha es casi imposible transitar por algunas vialidades del estado, lo que genera un problema económico para las y los mexiquenses, quienes tienen que pagar, desde los dos mil y hasta 20 mil pesos, por reparaciones, o hasta los 40 mil pesos tratandose de unidades del transporte público.

“En el Grupo Parlamentario del PRI, reafirmamos nuestro compromiso de apoyar la economía de las y los ciudadanos y asegurar vías públicas seguras y transitables; presentando esta iniciativa buscamos crear un marco jurídico que reconozca el derecho a una indemnización, a través de procesos de reclamación

accesible y un fondo estatal de responsabilidad patrimonial”, aseguró el diputado Alejandro Castro.

Esta iniciativa busca garantizar el derecho a una indemnización por los daños causados por la negligencia en el mantenimiento de la infraestructura vial y crear

un proceso ágil, mediante plataformas electrónicas y con asistencia gratuita para que los ciudadanos puedan solicitar el pago por las afectaciones sufridas.

En este sentido el PRI propone crear un fondo destinado a cubrir las

indemnizaciones derivadas de la infraestructura vial, asegurando que haya recursos disponibles para ello, así como obligar a los entes de gobierno a publicar informes sobre las reclamaciones y las indemnizaciones otorgadas.

Esta iniciativa responde al reclamo de cientos de ciudadanas y ciudadanos

mexiquenses que han señalado el descuido de calles y avenidas, y la indiferencia de las autoridades por los daños sufridos.

Su implementación representa un avance importante en la protección de la economía familiar y en la modernización de los mecanismos de responsabilidad patrimonial en el Estado de México.