Actualización del caso Fernandito: de desaparición a homicidio con agravante

La Paz, – (Agosto 2025).-El caso del niño de 5 años, identificado como Fernandito, dio un giro judicial considerable. Originalmente, se les vinculó a proceso por desaparición forzada de persona. Ahora, enfrentan una segunda imputación: secuestro con agravante de muerte, un delito que puede llevar a una condena de hasta 140 años de prisión

Primera etapa: Desaparición

En una audiencia realizada el lunes 11 de agosto, en los juzgados del Penal Neza Bordo, el juez vinculó a proceso a Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N”, por la desaparición del menor, ocurrido en La Paz. Se estableció un plazo de tres meses para cerrar la investigación complementaria y ratificó la prisión preventiva justificada

Hallazgo y evidencia delceso

La investigación reveló que las dos mujeres acudieron el 28 de julio al domicilio de la madre del niño para exigirle el pago de una deuda de mil pesos. Al no recibirlo, se llevaron al menor consigo como garantía. Fue hasta el día 4 de agosto que la madre interpuso formalmente la denuncia, lo que derivó en un operativo donde hallaron el cuerpo del niño en un avanzado estado de descomposición dentro de un costal, en el patio del domicilio
La autopsia determinó que murió a causa de un fuerte golpe en la cabeza, probablemente con un objeto contundente, y también padecía deshidratación y desnutrición

Segunda etapa: Secuestro con agravante de muerte

El 13 de agosto, el juez reclasificó los cargos a secuestro con agravante de muerte, una figura agravada que contempla el homicidio durante la retención del menor
Esta segunda vinculación se suma a la primera, y establece de nuevo la prisión preventiva y un nuevo plazo de dos meses para cerrar la investigación complementaria

Pruebas determinantes: C5 y peritajes

Durante la audiencia, se presentaron imágenes del sistema de videovigilancia C5 de Ecatepec, que muestran cómo los implicados retiran al menor del domicilio y lo trasladan al lugar donde fue encontrado. Además, los peritajes desestimaron cualquier alegato de incapacidad psicológica basada en la defensa, concluyendo que los imputados eran conscientes de sus actos

Dudas sobre abogados y omisiones institucionales

El caso también suma otro elemento inquietante: la defensora legal de la familia, Fabiola Villa, decidió retirarse del caso, alegando presiones de parte de autoridades como la gobernadora Delfina Gómez y la presidenta municipal de La Paz, Martha Guerrero
. La familia quedó en manos de un abogado del Ayuntamiento, y luego, de oficio, lo que generó preocupaciones sobre la autonomía del proceso y posibles intereses políticos

Paralelamente, ha crecido la indignación por fallas institucionales, ya que la madre del menor acudió en varias ocasiones al DIF y a ministerios públicos sin ser atendida adecuadamente, retrasando la investigación en los días cruciales en que su hijo estaba desaparecido

Contexto social y exigencia de justicia

El crimen ha provocado conmoción en Los Reyes La Paz y sus alrededores. La sociedad local exige justicia, respuestas claras y medidas institucionales para evitar que vuelva a ocurrir algo similar. Se colocaron veladoras, mensajes y memoriales frente a la casa donde ocurrió la tragedia, y se realizaron manifestaciones frente a la Fiscalía reclamando atención pronta y eficaz

Como respuesta parcial, la FGJEM anunció la creación de una Unidad de Atención Pronta y Cercanía, diseñada para recibir denuncias con sensibilidad y dar respuestas oportunas a víctimas, aunque la comunidad reclama resultados concretos más allá del anuncio

Próximos pasos en el caso

• Los imputados siguen en prisión preventiva en el Penal Nezahualcóyotl.
• Las investigaciones complementarias continuarán desarrollándose durante los próximos meses.
• La víctima recibió atención institucional insuficiente, lo que motivó cambios en la representación legal.
• La realidad jurídica del caso ha evolucionado de desaparición a secuestro agravado, lo que cambia el perfil del castigo en caso de condena.
• La comunidad sigue exigiendo medidas reales contra la impunidad y que no se repitan los errores cometidos en este caso.

Conclusión

Este caso no solo revela la brutalidad del crimen —un menor cobrado como si fuera un simple adeudo—, sino también la fragilidad institucional frente a solicitudes urgentes de auxilio. La recalificación del delito y el avance judicial son pasos en la dirección correcta, pero también amplían la exigencia social: que las autoridades estén al nivel de la tragedia, que no haya más casos similares y que la justicia sea efectiva y sensible.