Criminales incrementan violencia contra choferes del oriente

ESTADO DE MÉXICO (21 MAYO 2020).- Como si la violencia de los asaltos y el robo de unidades fueran poca cosa, ahora los extorsionadores se ensañan con los choferes de transporte público de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán para obligarlos a pagar una cuota mensual por cada unidad.

Desde que el dirigente de la Ruta 42, Alejandro Reyes Valdés, fue asesinado frente a sus oficinas por supuestos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en agosto de 2018, la tensión no había escalado como en los últimos meses.

Y es que desde principios de abril, los ataques no sólo se han cometido con mayor violencia sino que ahora a los delincuentes les da lo mismo disparar en pleno trayecto y con usuarios a bordo.

Así han sido las agresiones contra choferes de la ruta 42 -el 2 de abril y el lunes reciente en Neza- y contra los de la Ruta 01 de Chimalhuacán –el 22 y 29 de abril- con saldo de 4 muertos y dos heridos hasta el momento.

“El día (29 de abril) que mataron al chofer de la Ruta 01 en San Lorenzo, todavía estaban en el plazo para entregar la cantidad que pidieron, pero no les importó y lo mataron; no se había visto tanta saña ni intolerancia, no aceptan un no como respuesta”, señaló un funcionario con conocimiento de los casos.

A estas agresiones se suma la quema de una unidad de la Ruta 01, previo a los ataques contra esa línea, y un chófer con una herida superficial de bala de la Ruta 31 el jueves pasado.

Los ataques han obligado a suspender el servicio, de por si afectado por la contingencia sanitaria del Covid-19, sin que hasta el momento se hayan reportado detenciones importantes.

El martes, un día después del más reciente ataque, los operadores se manifestaron en la Ciudad de México para pedirle al Gobierno federal garantías de seguridad en su labor y ayer la manifestación se replicó en las vialidades de Ciudad Nezahualcóyotl, donde opera la Ruta 42.

“Ya no sabemos qué hacer, por la cuarentena a las autoridades parece no importarles lo que nos pase, tenemos miedo de salir a trabajar, y la falta de transporte se puede convertir en un problema social”, dijo un operador consultado.

La Fiscalía General de Justicia mexiquense no ha informado sobe los avances en las investigaciones ni de detenciones relacionados con estos ataques.