Movimiento Ciudadano exige claridad en operativo “Atarraya” tras irregularidades contra barberías

NEZAHUALCÓYOTL (11 FEBRERO 2025).- La coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano en el Estado de México, Juanita Bonilla, dijo que la representación naranja en el Poder Legislativo estatal y federal; así como el Ejecutivo local, pedirá explicaciones y respuestas claras del “Operativo Atarraya” y la carga de inconsistencias y presuntas irregularidades que presentó el mismo.

Señaló que Movimiento Ciudadano cuestionará, de ser necesario, las acciones que el Gobierno del Estado de México está implementado para hacer frente al grave clima de violencia que se vive en la entidad, pues; advirtió, no se puede generar seguridad con opacidad, corrupción, pasando por encima de la ley y violentando los derechos de los ciudadanos.

En conferencia de prensa, acompañada por el secretario de Acuerdos del partido, Saúl Maldonado y los representantes ante el IEEM, José Antonio López Lozano y Anselmo García, Bonilla Jaime se pronunció a favor de que se haga frente al problema de la delincuencia organizada; pero cuestionó los métodos que se están utilizando.

La coordinadora estatal se refirió al “Operativo Atarraya” que el Gobierno del Estado de México en coordinación con instancias federales puso en marcha el pasado 7 de febrero como parte de la estrategia de combate a le delincuencia organizada y que tuvo como principal objetivo el cateo y cierre de barberías y estéticas, el cual, dijo; ya ha generado un clima de profunda desconfianza e inconformidad.

“Apenas ayer cientos de personas dedicadas al negocio de la barbería salieron a las calles bajo el grito de ´somos barberos no criminales, trabajadores que se han visto afectados con este operativo por una errada metodología”.

A la pregunta precisa de si Movimiento Ciudadano dará acompañamiento a los barberos afectados que señalan abuso de poder y ser víctimas del mismo, dijo que se está en la mejor disposición de darles respaldo a través de el área jurídica si es necesario.

De igual manera explicó que el tema administrativo de la regularización de estos negocios será abordada a través de la representación emecista en los ayuntamientos; y que será en el transcurso de los siguientes días cuando regidoras y regidores suban a Cabildo el punto.

“Vamos, a través de nuestras autoridades, tanto en el Poder Legislativo local y federal; así como el Ejecutivo local, pedir; número uno, que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México tome cartas en el asunto y se haga una investigación exhaustiva de las acusaciones por presunto abuso de poder de autoridades al, aparentemente, como se ve en las imágenes que circulan en redes sociales, sembrar evidencia de droga en algunos lugares donde se llevó a cabo el operativo. Y dos; será a través de los ediles de los municipios donde se llevó a cabo el operativo y donde Movimiento Ciudadano tiene representación, se presenté ante los cabildos un documento (ya elaborado y coordinado) donde se pedirá a las autoridades municipales garantizar la regularización y correcto funcionamiento de este tipo de negocios. Los municipios son: Atizapán de Zaragoza, Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Metepec; Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tenancingo, Texcoco y Tlanepantla. 18 de los 20 municipios donde se llevó a cabo el operativo.

Bonilla Jaime dijo que dentro de la problemática que han identificado está:

1.- Estrategia reactiva y no preventiva: El operativo se basa en acciones de fuerza sin un enfoque de inteligencia criminal que desarticule estructuras delictivas de manera efectiva.
2.- Impacto negativo en la percepción de seguridad: En lugar de generar confianza, el operativo ha causado temor y desconfianza en la ciudadanía, afectando la legitimidad de las instituciones.
3.- Falta de transparencia y datos verificables: No hay información clara sobre criterios de detención, pruebas presentadas o seguimiento de casos, lo que pone en duda la efectividad real del operativo.
4.- Denuncias de abusos de autoridad: Existen testimonios y videos que indican posibles irregularidades en la ejecución de clausuras y detenciones, afectando a comerciantes sin vínculos con la delincuencia.

La coordinadora estatal pide a las autoridades:
1.- Se modifique su estrategia de seguridad, priorizando prevención del delito, desarrollo social e inteligencia criminal.
2.- Transparentar los criterios de detención y cierre de negocios, garantizando que no se vulneren derechos de la ciudadanía.
3.- Implementar mecanismos de supervisión ciudadana en operativos de seguridad para evitar abusos de autoridad.

Para finalizar, la coordinadora estatal señaló que el “Operativo Atarraya”, en su forma actual, no resuelve de manera estructural el problema de seguridad en el Estado de México y genera un impacto negativo en la percepción de justicia y confianza en las autoridades.