Nacional
Buscan protección de familias triquis de Oaxaca que fueron desplazadas forzosamente
NACIONAL (09 NOVIEMBRE 2023). – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le da la razón al pueblo triqui y otorgó medidas cautelares a las 144 familias triquis, un total de 504 personas, víctimas de desplazamiento forzado interno de Tierra Blanca Copala, Oaxaca.
El día 01 de noviembre del 2023, a través de la resolución número 62/2023, la CIDH otorgó la medida cautelar MC-279-22 a las 144 familias triquis originarias de Tierra Blanca Copala, las cuales en diciembre de 2020 fueron desplazadas por un grupo paramilitar y caciquil que opera en la región triqui.
Tras esta resolución, la CIDH solicitó al Estado Mexicano:
1. Adopte las medidas necesarias y culturalmente adecuadas, para salvaguardar la vida e integridad personal de las familias triquis de la comunidad de Tierra Blanca Copala que se encuentran desplazadas en la comunidad vecina de Yosoyuxi Copala. En particular, se solicita adoptar las medidas de seguridad que resulten necesarias y garantizar que puedan regresar de manera segura a su comunidad.
2. Concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y/o sus representantes; y
3. Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
Esto quiere decir que solicitan al Estado Mexicano garantice el regreso de manera segura a las 144 familias desplazadas, se investigue y se sancione a los autores generadores de la violencia que dieron lugar al desplazamiento forzado de esta comunidad triqui y reitera que la impunidad y la falta de acción para investigar y sancionar actos de violencia pueden tener graves consecuencias e incluso provocar la repetición de estos hechos.
Esta acción por parte de la CIDH se suma a otros instrumentos nacionales que han buscado visibilizar la responsabilidad del Gobierno de Oaxaca y el Gobierno Federal en la prevención, atención y solución del fenómeno, como es el caso de la CNDH que en diversas ocasiones a emitido medidas cautelares y la recomendación 36/2022, además del Poder Judicial de la Federación que en julio del 2023, a través del amparo 1258/2022 fincaba responsabilidades al Estado Mexicano y le ordenaba retornar a las familias desplazadas.
En ambos casos, los funcionarios aplicaron medidas dilatorias y rechazaron rotundamente generar acciones en favor de las víctimas desplazadas.
Finalmente, el movimiento de defensa busca que a la brevedad se pueda instalar una mesa de trabajo del más alto nivel en donde participe la Secretaria de Gobernación: Luisa María Alcalde, el Subsecretario de DDHH: Félix Arturo Medina y el Gobernador de Oaxaca: Salomón Jara Cruz, a fin de implementar las medidas cautelares señaladas así como que se legisle la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en México.